Contraloría exige a ministra Urrutia restituir $8,8 millones por rendiciones irregulares.
En septiembre del año pasado, la ministra Paulina Urrutia encabezó la fiesta con la que el Consejo de la Cultura celebró su quinto aniversario, en el Sporting Club de Viña del Mar. Por la producción del evento, al que asistieron todos los funcionarios de esa repartición, se cancelaron $ 8.272.533.
Ese gasto forma parte de una serie de reparos que la Contraloría realizó al servicio encabezado por Urrutia. A raíz de estos antecedentes, el organismo inició un juicio de cuentas en contra de la ministra, del ex subsecretario Arturo Barrios y otros ocho funcionarios. Además, se exige que los involucrados devuelvan dicho monto al Fisco.
La presentación es el resultado de la auditoría efectuada por la Contraloría de la Quinta Región, la que en agosto pasado detectó cobros indebidos de viáticos, gastos de representación y uso prohibido de vehículos fiscales. Debido a estas irregularidades, Barrios ya fue sancionado con la suspensión de su cargo por tres meses y Urrutia fue citada por la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados.
En paralelo, la Contraloría regional inició una segunda auditoría por posibles irregularidades en la entrega de fondos concursables. En todo caso, el tribunal de cuentas -organismo interno de Contraloría- debe recibir primero los descargos de los imputados y cualquier dictamen es apelable.
El caso se conoce mientras está pendiente el fallo del contralor, Ramiro Mendoza, que corregirá la norma que le impide indagar a los ministros, a raíz de las denuncias de intervención electoral.
IRREGULARIDADES
La Contraloría advirtió que el monto pagado por la cuestionada fiesta no corresponde a gastos de representación, como declaró el consejo, ya que "no constituye una actividad de exteriorización del servicio, en tanto se trató de una celebración de carácter interno a la que concurrieron sólo autoridades y funcionarios del servicio". Según el escrito, firmado por el contralor de Valparaíso (S), Víctor Hugo Merino, Urrutia y los otros funcionarios son "responsables de haber efectuado gastos improcedentes o no acreditados" y "les cabe responsabilidad civil solidaria".
El organismo establece otras dos irregularidades por "gastos con antecedentes contradictorios". Uno de ellos es por $220.072 y corresponde a una cena que, según declaró el consejo, el entonces subsecretario Barrios ofreció a un grupo de autoridades, entre ellas la diputada PS Isabel Allende. Pero en esa ocasión la parlamentaria no asistió, por lo que la comida no correspondería a ese ítem.
El actual subsecretario de Cultura, Eduardo Muñoz, afirmó que "este es el inicio de un proceso en el cual un órgano autónomo establecerá si la interpretación de la Contraloría prima sobre la nuestra". En el consejo dicen que el monto pagado por la fiesta "se ajustan a gastos de representación".
Ante los nuevos antecedentes, diputados de la Alianza pedirán nuevamente la creación de una instancia parlamentaria que investigue el caso, según anunció Joaquín Godoy (RN).
Por Natalia Hernández
