Ex funcionarios del Ministerio de Cultura demandaron a Luciano Cruz-Coke



Trabajadores acusan al ministro del sector de "haber vulnerado el derecho fundamental al trabajo", y anuncian que continuarán con las movilizaciones.

SANTIAGO.- Cinco de los cerca de 20 funcionarios que han sido despedidos del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes en forma posterior al 11 de marzo, presentaron esta mañana una demanda en contra del ministro Luciano Cruz-Coke, al que acusan de haber "vulnerado el derecho fundamental al trabajo", tras cesarlos en sus funciones de manera supuestamente injustificada.

Según explica Carolina Negrete, presidenta de la Asociación Nacional de Funcionarios de la Cultura (Anfucultura), lo que buscan con la acción es "defender ese derecho resguardado en la Constitución, y a nuestros compañeros despedidos injusta y arbitrariamente", razón por la cual además llevan varias semanas de movilizaciones.

"Queremos sentar precedente en la administración pública. Estamos viendo que más de 700 trabajadores han sido echados a la calle sin ningún procedimiento administrativo y con discriminación. Les han dicho en la cara que necesitan los cupos y la plata porque no estarían en sintionía con el nuevo gobierno. Eso es discriminación y debe ser denunciado", reclama.

Negrete asegura que "el señor Luciano Cruz-Coke dice que esas personas han sido echadas por su desempeño, y que tienen que arreglar el Consejo de Cultura en términos administrativos y estructurales. Pero si él cree que va a arreglar esos problemas echando secretarias, choferes, auxiliares, profesionales de apoyo, gente que no es de su confianza, sino trabajadores de larga trayectoria en el Consejo, está muy equivocado. Lo que tiene que hacer es traer gente capaz y eficiente a los cargos de confianza, y eso no lo estamos viendo, vemos empresarios y gente que no tiene idea de administración pública".

Con la medida, los trabajadores de Cultura esperan que los funcionarios puedan ser reintegrados a sus puestos, mientras anuncian que continuarán con las movilizaciones y acciones coordinadas con la Anef y otros organismos públicos en los que ha habido supuestos despidos injustificados, entre ellos los ministerios de Educación e Interior.

Por Sebastián Cerda.